MADRID -- Habrá castigos para los clubes que directa o indirectamente colaboren con grupos violentos de animación que irán desde multas económicas, el cierre parcial de las gradas de los estadios, una medida adoptada hace años por la UEFA, hasta la pérdida de puntos y el descenso.
"Quien colabore con esos violentos serán sancionados y hasta descendidos. Deben romper su relación con los violentas. No se les podrán dar entradas, no se les podrá dejar salas, no podrán viajar a los partidos", dijo Javier Tebas en rueda de prensa.
Tras una reunión extraordinaria celebrada este jueves en Madrid, el Consejo Superior de Deportes español ha llegado a un acuerdo con Liga de Futbol Profesional y la Federación Española de Futbol para implementar medidas con el objetivo combatir la violencia en el futbol y que podrían entrar en vigor el próximo 15 de diciembre, según informó el presidente de la Liga Profesional de Futbol, Javier Tebas.
Entre las medidas que se implementarán destaca la modificación en la normativa de la Federación Española de Futbol para sancionar a los clubes con el cierre parcial de las gradas de los estadios donde se incurra en actos violentos; la retirada de puntos y descenso de los clubes de las categorías profesionales, Primera, Segunda y Segunda B, que cobijen en sus instalaciones o colaboren de alguna manera con grupos violentos y la creación de un cuerpo de oficiales especializados en seguridad, cuya tarea será "denunciar hechos que cuenten como violencia verbal o física en los estadios" en calidad de delegados en un complemento de las actas oficiales de los encuentros.
Se creará un reglamento para la venta de entradas con el objetivo de controlar a las aficiones que se desplacen a otros estadios en partidos de alto riesgo. Los clubes estarán obligados, de ahora en adelante, a entregar una lista de socios que estén relacionados, ya sea como miembros o simpatizantes, de grupos ultra y a contar con un Director de Seguridad con contratación laboral dentro de su organigrama.
Según Javier Tebas, la LFP creará una "unidad de inteligencia que colaborará con la Policía Nacional" para lo que incluirá "cuatro figuras jurídicas nuevas" en su organigrama, entre las que destaca un Director de Seguridad de la LFP que dependerá de la Fuerzas de Seguridad del Estado. Tebas se comprometió a "negociar con la prensa deportiva un código ético sobre cómo se va a manejar la información" relativa a la violencia y actos racistas en eventos deportivos y a obligar a los clubes a modernizar sus estadios para cumplir con las demandas de la Liga.
"También hay que anticipar reformas en los estadios. Se cambiarán los tornos para que cada aficionado pueda ser controlado de forma táctil y facial. También queremos que haya cambios en las cámaras de los estadios. En 12 meses se pondrán cámaras digitales que permitan la identificación de todos. A los clubes se les obligará a que haya un director de seguridad con contrato laboral y dedicación exclusiva en los clubes", señaló.
Según informó, por su parte, el Secretario de Estado de Deportes, Miguel Cardenal, estas medidas se pondrán en marcha en cuanto sean aprobadas por el Congreso que anunciará las "reformas" legislativas la próxima semana.
"El 15 de diciembre se comunicarán las reformas previstas de la legislación para dar cobertura a los cierres parciales de campos, retiradas de puntos y descensos para clubes y sociedades anónimas que cometan infracciones relevantes, como es la colaboración directa o indirecta con esas entidades", explicó Cardenal en rueda de prensa, si bien calculan que podrían transcurrir hasta seis meses antes de que todas estas modificaciones estén plenamente operativas.
A la reunión presidida por el Secretario de Estado del Deporte, Miguel Cardenal, acudieron delegaciones de la LFP, encabezada por el presidente Javier Tebas, miembros delegados de la Comisión Nacional Antiviolencia y la Directora General de Deportes, Ana Muñoz; cada organismo implicado en la toma de decisiones estuvo representado por su máximo responsable, exceptuando a la Federación Española de Futbol. Ángel María Villar, presidente de la RFEF, no asistió al encontrarse en Suiza en un congreso de la UEFA. En su lugar, asistieron tres representantes, entre el que destaca Vicente Temprado, cabeza de la territorial madrileña, como lo hiciera el lunes pasado en la primera reunión con las autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad y a la que tampoco asistió el mandatario.
INSISTEN EN RESPONSABILIDAD DE CLUBES
Desde el lunes pasado, tanto Miguel Cardenal como Javier Tebas han enviado un mensaje de total determinación para acabar con los grupos que "cobijan criminales", poniendo particular énfasis en que son los clubes los que deben dar el primer paso.
"A los clubes les decimos: haga usted porque estos grupos no tengan nada que ver con usted. Todos deberán hacer lo que el Atlético con el Frente. El panorama tiene que ser irreconocible en mayo.", señaló Cardenal.
Hasta ahora, únicamente tres clubes han anunciado mediadas, si bien consideradas insuficientes en la mayoría de los casos: el Atlético de Madrid, que ha expulsado oficialmente a la peña Frente Atlético, involucrada en la pelea del domingo; el Deportivo La Coruña, que cerrará parte de la grada de Riazor durante dos partidos y Córdoba, que anunció el miércoles, la expulsión "como abonado del Córdoba CF y a la prohibición de entrada a todos los recintos deportivos en los que este Club desarrolle sus actividades, a todas aquellas personas que ejerzan violencia verbal y física".
Luego de que el domingo pasado, un aficionado ultra del Deportivo La Coruña perdiera la vida en una multitudinaria pelea con ultras del Atlético de Madrid, la LFP, los clubes y las fuerzas de seguridad han recibido duras críticas desde todos los sectores de la sociedad española, dada la permisividad que se ha tenido con los grupos de animación durante décadas.
Esta mañana, la Comisión Nacional Antiviolencia, anunció que multará con 60 mil euros e impondrá una sanción de cinco años de veto en los recintos deportivos a los 88 participantes en la pelea identificados por las fuerzas de seguridad. Por su parte Cristina Cifuentes, Delegada de Gobierno de Madrid, ha abierto una investigación para determinar si la policía local fue alertada desde Galicia del viaje de aficionados coruñeses identificados como violentos.
